Santo Domingo, 6 feb (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana temen un aumento de la presión migratoria desde Haití si no comienzan pronto los trabajos de reconstrucción de la capital, Puerto Príncipe, sacudida por un devastador terremoto que ha causado ya más de 212.000 muertos. "El temor nuestro es que si la ayuda internacional de reconstrucción de Puerto Príncipe no se manifiesta rápidamente, eso puede provocar ciertos niveles de desesperación" de haitianos por entrar en República Dominicana, dijo en una entrevista con Efe el director general de Migración, Sigfrido Pared Pérez.
"Confiamos en que las cosas marchen con celeridad para evitar esa situación", agregó, y confió en que el inicio de los trabajos de reconstrucción de Puerto Príncipe genere mano de obra, lo que atenuaría la presión fronteriza.
"Esa es la parte que más nos interesa, que se necesite una gran cantidad de haitianos como mano de obra en Puerto Príncipe y ello haga que baje un poco la presión", dijo el vicealmirante y ex ministro de Defensa.
Tras el terremoto del pasado 12 de enero se suspendieron las repatriaciones de haitianos ilegales, la frontera se abrió al paso de heridos y se entregaron documentos a los haitianos en proceso de regularización para que pudieran ir a ver a sus familiares sin problemas para regresar.
Pared Pérez explicó que, además de estas y otras medidas, se entregaron más de 2.000 formularios para permitir la salida a haitianos en situación ilegal que "estaban en estado de desesperación y querían saber de sus familiares".
Todo esto, reconoció, "afectó al control migratorio, pero estamos dispuestos a pagar ese precio con tal de ayudar al hermano país, que se ha visto envuelto en una tragedia sin precedentes en su historia".
Pasadas varias semanas de la tragedia, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) han comenzado a aplicar medidas para evitar el pase ilegal de la frontera, explicó el responsable de Migración.
Estimó que desde que ocurrió el temblor podrían haber entrado en territorio dominicano desde Haití entre 30.000 y 50.000 personas, cifra que incluye entre 15.000 y 20.000 heridos, además de familiares y personas que han ingresado de forma ilegal en el país.
"Ya se están impartiendo instrucciones para establecer controles más efectivos y evitar que estas facilidades sean aprovechadas para traficar con personas", indicó Pared Pérez a Efe.
Sobre los casos de niños haitianos que vagan por las calles en la ciudad de Santiago (norte) en Santo Domingo y en otros puntos, el director general explicó que su departamento "no puede apresar a esos niños ni enviarlos a la frontera" para repatriarlos porque la ley los protege.
Por ello se trabaja con la Unicef y con organismos como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI) para suministrar a los pequeños en situación de desamparo centros de acogida y establecer procedimientos de atención a su situación.
Aunque no existen cifras oficiales, en el país caribeño podría haber entre 700.000 y un millón de haitianos en situación irregular, "muchos para un país como República Dominicana", indicó.
Las autoridades dominicanas están a la espera de la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley de Migración, un instrumento que, en opinión del responsable del departamento, "debería ir acompañado de la modernización del sistema migratorio", con controles biométricos y otras medidas.
"Yo aspiro a que de una vez por todas la Dirección de Migración deje de ser la Cenicienta del Estado dominicano", dijo el también ex jefe de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), quien reclama un presupuesto de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos (entre 40 y 55 millones de dólares) frente a los 400 millones de pesos actuales y 2.500 inspectores, mil más de los que tiene.
Junto al reglamento, que establecerá multas para los empresarios que utilicen mano de obra ilegal, la dirección de Migración cuenta con un proyecto de modernización técnica del sistema migratorio suministrado por una empresa coreana que deberá ser aprobado próximamente por el Congreso.
Pared Pérez consideró que los casos de corrupción son "un dolor de cabeza" en este departamento, pero indicó que se han tomado medidas que los han hecho disminuir.
Se ha puesto al frente del departamento a personas "probadas" y de confianza y se han instalado cámaras de televisión en los aeropuertos y fronteras para evitar sobornos, además de establecerse puntos de coordinación técnica.
"Les hacemos tomar conciencia de que el control de la migración forma parte de la seguridad nacional", apostilló.
Autor: Jesús Sanchis
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