EFE - 2/19/2008
MADRID.- La decisión de Fidel Castro de no optar a su reelección como jefe de Estado cubano abre la posibilidad de su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional española, tribunal que en los últimos años ha rechazado varias querellas contra él por la inmunidad que, según el derecho internacional, le otorgaba ese cargo.
Así lo ha señalado a Efe el abogado Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) y que ejerce la acusación popular en los sumarios que se siguen en este tribunal por los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras militares en Chile y Argentina.
A partir del próximo domingo, cuando la Asamblea cubana elija un nuevo presidente del Consejo de Estado, "la situación de Castro será como la de Augusto Pinochet, contra el que se pudo proceder porque ya había dejado de ser jefe de Estado", señaló Ollé.
El dictador chileno llegó a ser detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en Londres, adonde había viajado para someterse a una operación quirúrgica y donde permaneció dieciséis meses bajo arresto, aunque no llegó a ser entregado a España y volvió a su país.
En el caso de Castro, la Audiencia Nacional ha rechazado hasta en tres ocasiones las querellas presentadas contra él, la última de ellas el pasado 13 de diciembre, cuando el pleno de la sala de lo penal acordó no tramitar la que el Comité de Ayuda a la Disidencia 2506 (CAD) había presentado contra el presidente cubano por genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y terrorismo.
La querella, dirigida también contra el ex ministro cubano de Turismo Osmani Cienfuegos, ya había sido rechazada anteriormente por el juez Santiago Pedraz con el argumento de que se trataba de "los mismos cargos, crímenes y hasta los mismos querellantes de las no admitidas en los años 1998 y 2005" por su compañero el magistrado Ismael Moreno.
En el auto dictado el pasado mes de diciembre, cuando Castro ya había delegado en su hermano Raúl sus funciones, la Audiencia Nacional insistió en que, "al no haber perdido la condición de jefe de Estado el querellado, sigue gozando de la misma inmunidad de la que gozaba" cuando, el 4 de marzo de 1999, el tribunal se declaró no competente para investigarle.
El auto añade que "los jefes de Estado extranjeros gozan de inmunidad jurisdiccional plena para ser perseguidos penalmente en otro estado con arreglo al derecho internacional consuetudinario, reconocido en la decisión de 14 de febrero de 2002 de la Corte Internacional de Justicia", que ordenó anular la orden de detención dictada por un tribunal belga contra un ex ministro congoleño.
Así, en su resolución de marzo de 1999, la Audiencia Nacional subrayaba que "la jurisdicción penal española no puede atribuirse el conocimiento de los hechos supuestamente delictivos en cuanto que uno de los querellados es Fidel Castro, que representa frente a España la soberanía del pueblo Cubano".
Aunque por esas fechas Pinochet permanecía detenido en Chile por orden de Garzón, el tribunal aclaraba que su decisión sobre Castro "en nada contradice una reciente resolución de este mismo Pleno en el que el querellado era el senador de la República de Chile, el general Pinochet, dado que no se trataba de un jefe de Estado extranjero, al haber cesado en dicho cargo".
El pleno confirmaba de ese modo la decisión del juez Ismael Moreno de desestimar una querella por genocidio contra el presidente cubano interpuesta por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
En noviembre de 2005, Moreno volvió a rechazar otra querella de la misma asociación contra Castro y su hermano Raúl.
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