Desalojan por la fuerza a los haitianos supervivientes del terremoto de enero de 2010

Ezra Fieser, Puerto Príncipe (Haití) Más de un año después del terremoto que dejó miles de muertos y desaparecidos en Haití, los supervivientes aún no tienen en dónde vivir. Los campamentos improvisados se han convertido en sus casas en espera de una ayuda que nunca llega. Los dueños de los territorios amenazan y expulsan por la fuerza a los haitianos, mientras el Gobierno no ofrece soluciones de reubicación.
Los haitianos solían pagar dinero por jugar al baloncesto y correr en el Centro de Deportes Henfrasa [Puerto Príncipe].
Hoy, los únicos vestigios del complejo de deportes son los agujeros sin red de las canastas de baloncesto y una pista destrozada, ahora rodeada de chabolas desvencijadas y de tiendas de campaña.
El terremoto de 7 grados en la escala Richter que sacudió Puerto Príncipe transformó el Centro de Deportes de Henfrasa y otros más de 1.500 terrenos, la mayoría de propiedad privada, en campos para los haitianos sin hogar. Vinieron de las casas cercanas, de palos y de lona o montaron tiendas de campaña donadas.
“No teníamos otro sitio a donde ir”, explicó Marseille Crhisner, de 23 años, mientras plancha ropa debajo de una lona. “Si pudiéramos nos iríamos mañana. Pero no tenemos dinero para irnos”.
Los propietarios del complejo de deportes – un coronel militar retirado y su hijo- quieren que Chrisner y otros 5.900 abandonen su propiedad. Empezaron a rociar con spray las tiendas con mensajes como: “Iros de Henfasa” y repartiendo folletos avisando del cierre del campamento.
Los propietarios descontentos empezaron a echar a las víctimas del terremoto de sus propiedades poco después de producirse el temblor. Un informe de Naciones Unidas sobre el cluster de protección de Haití reveló que hasta septiembre se habían desalojado 28.065 campamentos y otras 116.110 personas habían sido amenazadas con la expulsión.
Ahora más de un año después del terremoto, abogados de derechos humanos y las ONGs dijeron que cada vez son más frecuentes los casos de propietarios que recurren a la violencia para forzar los desalojos.
Los desalojos “se están produciendo cada vez con mayor regularidad”, explicó Leonard Doyle, un portavoz de la Organización Internacional de Migraciones, que es responsable de la coordinación y gestión de los campamentos de Haití. “No desalojamos ni apoyamos desalojos”.
La situación pone de relieve un importante obstáculo en el proceso de reconstrucción. Las ONGs, el gobierno y los propios residentes quieren que los desplazados regresen a los barrios que fueron destruidos.
Pero averiguar quién posee la tierra o verificar quiénes son los propietarios es una tarea herculeana. Los desplazados necesitan permiso de los propietarios para construir asentamientos temporales, así como promesas de que el alquiler no subirá durante unos meses.
Encontrar una tierra con un título claro de propiedad es, de hecho, un problema que se remonta a cientos de años atrás. El gobierno ha señalado que hay tantas peticiones de reclamaciones de tierra que, en algunos casos, es imposible averiguar quién es realmente el dueño.
El presidente Renal Preval ha explicado que la cantidad de supuestos propietarios que reclaman la titularidad de la tierras es tan grande que haría que Haití fuera geográficamente mayor que Estados Unidos. Y la realidad es que es una décima parte del tamaño de Colorado.
A pesar de su promesa de encontrar una alternativa –tal como encontrar una nueva tierra para mover a los residentes de los campamentos- el gobierno lo ha hecho únicamente en unos pocos casos, como el del Campamento Corail. (Ver fotos)
Existe una opinión generalizada de que este campamento, ubicado a unas millas de distancias de Puerto Príncipe, en un tramo de tierra yerma.
La crisis electoral actual ha retrasado cualquier movimiento del gobierno sobre este tema.
Un representante del Ministerio del Interior de Haiti, que ha intervenido en algunos desalojos de campamentos, incluyendo el de Henfrasa, se limitó a señalar únicamente que el gobierno estaba trabajando en el tema pero declinó hacer ningún tipo de comentario.
El gobierno emitió el año pasado una moratoria temporal para los desalojos, que ralentizó pero no paró los desalojos. Ya ha finalizado.
Los propietarios sienten que les han dejado sin ningún tipo de elección salvo las medidas que tomen ellos mismos por su cuenta.
“Como comerciantes, nos hemos visto minusvalorados por la pérdida de nuestra tierra”, comentó Vladimir Saint Louis, que posee el centro de deportes con su padre, ex ministro del interior de de defensa, Acedius Sanit Louis.
“Nuestro negocio se ha ido por el desagüe”, afirma.
Saint Louis explicó en una entrevista telefónica que él no sabía cuándo se iba a cerrar el campamento. “El gobierno ha dicho que disponen de tierra para moverlos, pero no nos han dicho dónde está”, señaló
No se sabe exactamente cuántos campamentos se han cerrado debido a los desalojos forzosos.
Una investigación de 106 campamentos realizada el año pasado por la Universidad de Nueva York, reveló que el 17% de los campamentos había sido desalojado a la fuerza.
Los investigadores del Departamento de Asuntos Internacionales, un grupo de derechos humanos de Haití que proporciona asistencia legal a las víctimas, dijeron que en algunos casos se había usado la violencia.
El ejemplo más discordante fue el desalojo en abril de 2.500 personas de un campamento en la ciudad de Croix des Bouquets, justo a las afueras de Puerto Príncipe.
Supuestamente, policía haitiana armada y portando maquinaria pesada irrumpió en el campamento en la oscuridad, sin avisar a los residentes. La policía disparó sus pistolas y dijo a los residentes que se fueran, según declaró el grupo.
Los informes de la Organización Internacional de Migraciones revelaron que el número de campamentos registrados era de 1.555 en julio y cayó hasta los 1.150 en enero. El número de habitantes en los campamentos también cayó de 1,5 millones en julio a 810.000 en enero.
Doyle no sabría decir cuántos de esos campamentos se han cerrado por desalojos. En una línea similar, es imposible decir cuántas de esas 690.000 personas que han dejado los campamentos lo ha hecho debido a un desalojo y, potencialmente siguen siendo una persona sin hogar.
Patrice Florvilus, abogado de derechos humanos en el Despacho de Abogados Internacionales, destacó que ningún propietario ha recibido una orden judicial que le permita desalojar a los residentes, algo que es obligatorio legalmente.
“Los haitianos desplazados por el terremoto tienen derecho de ser realojados. Es un derecho garantizado. Pero no lo saben”, explicó.
“Cuando un propietario les dice que se tienen que ir –y algunos emplean la violencia- la gente se va porque piensa que están haciendo algo ilegal al estar allí”, dice.
A los residentes del campamento de Henfrasa les embarga ese sentimiento.
“No sabemos qué vamos a hacer. Dicen que van a cerrar el campamento. Supongo que iremos a otro campamento o a otra comunidad diferente”, declaró Derezil Jemina sentada enfrente de su tienda con algunos amigos.
Vinieron al campamento después de que el terremoto destrozara sus casas pensando que sería algo temporal.
Un año después, en las casas improvisadas es notable el sentimiento de permanencia de sus habitantes. Las viviendas cuentan con electricidad. Los residentes han establecido pequeñas tiendas y peluquerías de una sola habitación.
Las fechas previstas para el cierre de los campamentos –incluyendo la última del 31 de enero-, han llegado y han pasado, pero cada día traen nuevos miedos de que el último día se acerque.
“La gente tiene miedo. Piensa que se va a recrudecer la violencia”, explicó Amadis Walnez, que preside un comité de residentes de un campamento.
El comité ha contactado a la policía de Haití y a la misión de paz de Naciones Unidas, que ha incrementado las patrullas en el campamento.
“Pero ninguno de nosotros sabe exactamente qué va a pasar… Está todo el dinero que se envió a Haití para ayudar a la gente como nosotros, pero nadie es capaz de encontrar una solución”.
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