Amnesty International : haitianos sufren una "arraigada discriminación racial" en R. Dominicana

2:18 PM -
Santo Domingo, 21 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la existencia de una "arraigada discriminación racial" en la República Dominicana contra los inmigrantes de Haití y reclamó a las autoridades detener las repatriaciones masivas. En un informe divulgado hoy con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, AI describe prácticas como expulsiones de haitianos en masa y sin supervisión judicial y negación de certificados de nacimiento "a miles de niños y niñas" nacidos en el país de padres haitianos en situación irregular.
"Las autoridades dominicanas continúan negando la persistente discriminación existente" y "no han tomado verdaderas medidas para impedirla", señala el informe, que califica de "preocupante" la existencia de "agresiones racistas y xenófobas contra trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana".
El informe fue presentado hoy en una rueda de prensa en Santo Domingo por dos representantes de AI, James Burke y Gerardo Ducas, los cuales indicaron que solicitaron entrevistarse con autoridades dominicanas para darles a conocer su trabajo, pero no tuvieron eco.
Con quien sí se reunieron la semana pasada fue con el primer ministro haitiano, Jacques Edouard Alexis, quien tomó notas sobre el particular, pero se abstuvo de emitir opiniones, dijeron.
Ducas anunció que la organización internacional defensora de los derechos humanos apoyará "todas" las iniciativas que realicen los trabajadores haitianos y los dominicanos descendientes de haitianos para reclamar sus derechos en el país.
La República Dominicana, enclavada al igual que Haití en la isla La Española, cuenta entre sus 9,1 millones de habitantes con cerca de un millón de haitianos, la mayoría en situación irregular.
Los haitianos, que trabajan en la recolección de caña de azúcar y en otras labores agrícolas, en la construcción, la hostelería, la venta callejera y el servicio doméstico, ocupan "el escalón más bajo" de la sociedad, según el informe.
El flujo constante de haitianos hacia ciudades dominicanas "ha sido utilizado por algunos para crear el temor a una 'invasión pacífica'", indica AI.
En el informe titulado "Vidas en tránsito: la difícil situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana" se explica que cada año se expulsa del país a entre 20.000 y 30.000 personas de esa procedencia, en la mayoría de los casos sin supervisión judicial.
"Se ha llegado a expulsar de su propio país a ciudadanos dominicanos porque parecen haitianos", advierte.
El texto, de 32 páginas, indica que los haitianos y sus descendientes no pueden votar, cursar estudios superiores u obtener un documento de identidad, lo que, a su vez impide su acceso al trabajo, al sistema judicial y a los servicios médicos.
AI llama también la atención sobre el hecho de que las autoridades "siguen negando la nacionalidad dominicana" a niños nacidos en el país, hijos de haitianos en situación irregular, a pesar de un fallo en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe relata algunos casos de agresiones como el de una niña de ocho años capturada por unos agentes que la abofetearon hasta hacerla sangrar por la boca y la tuvieron detenida una noche, sin contacto con sus padres, hasta que una organización de derechos humanos demostró que era dominicana.
Además menciona actos violencia en diferentes puntos del país, como Montecristi, Elías Piña, Pedernales, Santiago, Moca e Higüey y explica que se han producido en represalia por otras agresiones y homicidios de dominicanos que se atribuyen a haitianos.
Además de exigir el cese de todas estas prácticas, Amnistía Internacional reclama que las autoridades revisen la legislación y las políticas sobre migración y que se ajusten a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Convención de los Derechos del Niño de la ONU.
También recomienda la ratificación de tres tratados internacionales sobre derechos humanos y la presentación de cuatro informes pendientes ante los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU.