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sábado, 3 de diciembre de 2011

Tema haitiano azuza conspiración contra la Junta .

(D@D).-El gran pecado de la Junta Central Electoral y su presidente, Roberto Rosario, ha sido no ceder a las presiones de registrar y dar nacionalidad dominicana a los millares de haitianos que viven ilegalmente en el país, como pretenden organismos internacionales y algunos gobiernos.

Por Ray Luna
El gran pecado de la Junta Central Electoral y su presidente, Roberto Rosario, ha sido no ceder a las presiones de registrar y dar nacionalidad dominicana a los millares de haitianos que viven ilegalmente en el país, como pretenden organismos internacionales y algunos gobiernos.
La decisión y firmeza con que la Junta Central Electoral ha asumido el programa de documentos de identidad a los extranjeros, especialmente a los millares de haitianos que residen en el país ilegalmente, ha provocado el diseño y ejecución de un plan mediante el cual se pretende debilitar y, por ende, 'narigonear' a la JCE como forma de que el proceso sobre extranjería sea abortado.
Para lograr este propósito, el objetivo es la cabeza del presidente de la Junta, Roberto Rosario, y el brazo ejecutor la organización de la 'sociedad civil', Participación Ciudadana, cabeza de playa de la oposición política que pretende acorralar al Gobierno y al partido oficial de cara al resultado electoral del 2012.
Participación Ciudadana, en su esfuerzo por 'restablecer' y/o continuar recibiendo los fondos que le otorgan los organismos internacionales, como la USAID, del Gobierno de Estados Unidos, y algunas instituciones de la Unión Europea, se ha constituido en el principal punto de ataque en el plan de debilitar y hacer naufragar la confianza depositada por la sociedad en la Junta Central Electoral.
El cronograma de la trama consiste en 'desmontar' el equipo de trabajo de Rosario, comenzando por el Departamento de Cómputos, siguiendo con la Dirección de Elecciones, la Dirección del Registro Electoral, la Dirección del Registro Civil, la Dirección de Cedulación y hasta la Consultoría Jurídica de la JCE.
La 'justificación' para tratar de desmontar todo el equipo de dirección de la Junta se basa en tratar de endilgarle ser una 'camarilla' conformada por Rosario, a quien acusan de ser partidario del oficialismo.
Diario@Diario solicitó y obtuvo una certificación de los nombramientos de los principales ejecutivos de la Junta Central Electoral quedando evidenciado que la mayoría son funcionarios de muchos años en la institución y que unos han sido promovidos por su desempeño y/o movidos de puestos por sus experiencias ganadas.
Participación Ciudadana, una organización financiado básicamente por organismos internacionales, que son los principales críticos de la posición dominicana de controlar la inmigración haitiana, es la punta de lanza del plan, puesto en marcha con la renuncia de Miguel Ángel García como director del Centro de Cómputos, lo que dio paso al 'ruido' que la oposición política ha tomado como punto de ataque público contra la JCE y su presidente, Roberto Rosario.
Doble propósito
Medios de comunicación y comunicadores que tienen en común sus posiciones de crítica política contra el Gobierno, el partido oficial y el Presidente Leonel Fernández han cerrado filas, junto a políticos de oposición y organizaciones de presión radical, como Participación Ciudadana, para tratar de socavar las bases de la Junta Central Electoral, lo que tendría efectos dobles combinados para dichos sectores: los políticos desplazar del poder al PLD y a Leonel Fernández, y los organismos internacionales y algunos gobiernos lograr 'doblar el brazo' a la posición oficial sobre el tema de la inmigración haitiana.
De ahí los duros ataques que ha recibido Rosario y su equipo en la Junta, tomando como pretexto la renuncia de García y las denuncias de alegados propósitos de escamotear el resultado de las votaciones del 20 de mayo del 2012.
Los ejecutores de esos ataques no han guardado las apariencias en sus favoritismos partidarios en el proceso electoral en curso, muchos de los cuales también apoyan la entrega de documentación de nacionalidad a haitianos, unos que han venido ilegalmente y, otros que han nacido en el país, de padres haitianos ilegales.
En ese contexto, abierto el 'Libro de Extranjería' y desmintiendo que haya más de 300,000 haitianos aptos para obtener documentación oficial de permanencia en el país sobre la base de que tienen contratos de trabajo en la República Dominicana. La Junta asegura que en ese proceso hay entre 16,000 y 20,000 casos que están siendo analizados para determinar en consecuencia.
Se pudo establecer que entre el 30% y el 42% de los partos de haitianas que vienen al lado dominicano de la isla a alumbrar pretenden que sus hijos sean reconocidos como dominicanos, lo cual no es contemplado en la Constitución ni la Ley de Migración dominicana.
La Constitución haitiana establece, sin embargo, que todo nacido en cualquier parte del mundo, hijo de uno o los dos padres haitianos, tiene esa nacionalidad automáticamente.
Las leyes dominicanas, aplicadas en este caso por la Junta Central Electoral como oficiales del Registro Civil, establece que todo niño nacido en el país, no importa su nacionalidad ni condición, es inscrito en el libro del Registro y se le expide un documento de nacimiento, o Acta de Extranjería, consignando que su nacimiento se produjo en el país, pero que su nacionalidad es la de sus padres sanguíneos.
Este registro procura evitar que el nacido sea considerado un 'apátrida' por no tener una documentación que le permita tramitar, posteriormente, los papeles necesarios para acudir a las escuelas, obtener documentos de identidad y de viaje, como las cédulas y/o pasaportes, pero consignando su real nacionalidad, la de sus padres.
El plan
Los intentos de Participación Ciudadana de 'narigonear' la Junta Central Electoral, entonces, van más allá del control de las elecciones.
Organismos internacionales y estamentos de gobiernos, como Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa, han fracasado en sus esfuerzos por desacreditar al país, incluso sentándolo en el banquillo de los acusados de la comunidad internacional como xenófobo y violador de los derechos humanos de los haitianos al mantener, ahora constitucionalmente, la decisión de establecer la nacionalidad para los hijos de dominicanos por la relación sanguínea, como deja claramente sentado el artículo 18 de la Constitución votada el 26 de enero del 2010.
Por más de seis años, la presión de los organismos internacionales y gobiernos lograron que no fuera puesto en vigencia el Reglamento de Migración, que da paso a la aplicación de la reformada Ley de Migración, que ejecuta los contenidos sobre la nacionalidad y los extranjeros en el país consignados en la Constitución de la República.
Los propósitos de 'arrinconar' al país por el caso haitiano tiene una gama amplia de ejemplos: la exaltación de la señora Sonia Pierre por organizaciones de alto poder político en Estados Unidos, como la Fundación Kennedy; las declaraciones de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en el país en el sentido de que debe respetarse el derecho de los haitianos aquí; las 'quejas' de que los dominicanos no han ayudado a Haití en sus momentos de crisis y, como para ponerle la 'tapa al pomo', las acusaciones que contra el país se radicaron en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la OEA, en su sede en Washington.
El 'remate' fue la 'preocupación' que externara el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, la semana pasada por un incidente violento entre un dominicano y un haitiano en la zona fronteriza, dando a entender que habían serias tensiones en la frontera, entre nacionales de los países que conforman la isla de la Española.
Las autoridades dominicanas, encabezadas por el Canciller Carlos Morales, ha dado respuestas contundentes, en cada caso, sobre el derecho de soberanía que tiene la nación para tratar el tema de la inmigración haitiana.
Combinados estos y otros elementos, no hay dudas para las autoridades dominicanas, que se mantienen atentas al estado de las relaciones de las dos naciones, son coincidentes en que todas estas acciones y declaraciones se producen por las firmes posiciones que el gobierno nacional ha mantenido en torno al delicado tema de la migración haitiana, aún pese a las demostraciones y gran sentido de solidaridad que ha dado el país y su gobierno frente a las desgracias de Haití, como son las tensiones por la inestabilidad política, los efectos del terremoto del 12 de enero del 2010 y/o los estragos de la epidemia de cólera, que costó miles de víctimas haitianas, y las consecuencias que sufrieron los dominicanos al penetrar la enfermedad con un saldo de más de ciento cuarenta muertos de este lado de la isla.

Lo que dice la Constitución
El artículo 18, sobre la Nacionalidad, establece en sus siete acápites quienes son considerados dominicanos:
1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicano;
2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución;
3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito y residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas;
4) Los nacidos en el extranjero, de padres o madres dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas;
5) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley;
6) Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior;
7) Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley.
Sobre el Régimen de Extranjería, la Constitución establece en su artículo 25, acápites uno, dos y tres que "Los extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes y en consecuencia:
1) No pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para el ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen;
2) Tienen la obligación de registrarse en el Libro de Extranjería de acuerdo con la ley;
3) Podrán recurrir a la protección diplomática después de haber agotado los recursos y procedimientos ante la jurisdicción nacional, salvo lo que dispongan los convenios internacionales.
Y el artículo 55, acápite 8 de la Constitución refuerza el tema indicando que: "Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el Registro Civil o en el Libro de Extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley".
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