La Autoridad portuaria nacional menciona razones de Estado para preservar su monopolio en el sector marítimo. Los embarcaderos del sector privado se limitan al desembarque del cemento y productos derivados del petróleo. Algunas agencias marítimas dejan transpirar su malestar al Senado de la República.
Contenedores y productos expedidos a granel están prohibidos de desembarque en los embarcaderos privados desde que la Autoridad portuaria nacional (APN) emitida a una circular que predica el “monopolio de Estado” en la gestión de los puertos.
El asunto cuya apuesta económica es de importancia se llevó delante de la comisión Transportes y comunicación del Senado de la República interesada por la privatización probatoria del APN. “Nuestros clientes ya estan informados de esta circular”, declaran Yourie Mews del Terminal Varreux, afectado de pleno látigo por esta medida. El APN, ha dicho, menciona razones de Estado para preservar su monopolio en espera de que el proceso de la privatización se ponga en movimiento.
Cinco puertos de los cuales dos perteneciendo a la familia Mews, indico un miembro de la comisión Transportes y comunicación del Senado, son afectados por la circular del APN. “El Terminal Varreux se limita al tráfico de cemento y productos derivados del petróleo y el terminal de Thor, perteneciendo a la familia Kawly, solamente al cemento. Ningún monopolio puede establecerse en favor del Estado y las colectividades territoriales que en interés exclusivo de la sociedad”, dijo el parlamentario que toma la Constitución de 1987 como brújula.
El concepto de monopolio habría dividido incluso las agencias marítimas descontentas de las medidas del APN. De las cuarenta agencias marítimas del país, trece se agruparon en la Comisión nacional de las agencias marítimas, según cifras citadas por el senador Anacacis Juan-Hector, presidente de la comisión Transportes y comunicación del Senado. “Esta asociación no está abierta a las demás treintena de agencias marítimas. Esta restricción crea una fricción en el sector marítimo, principal interesado por la privatización del APN”, reveló otro miembro de la comisión senatorial que requiere el anonimato.
Lo que está en juego en torno a la privatización convincente de la Autoridad portuaria nacional estuvo, la semana pasado, en el centro de los debates al Senado de la República. Después del Almacen de harina y la Fábrica de cemento de Haití privatizado desde cerca de una década, el APN podría caer entre las manos del sector privado. Ya el 80% de los servicios del APN, indicó a Anacacis Juan-Hector, fueron prestados por el sector privado. Esta importante institución del Estado haitiano tiene los medios, ha dicho, ni siquiera para proporcionar al 20% de los servicios relativos a los contenedores refrigerados y convencionales.
El personal pletórico del APN no está en condiciones de adaptarse a las normas internacionales vigentes para la gestión de los puertos, considera un responsable de agencia. Aproximadamente 200 profesionales, dijo el hombre de negocios, podría proporcionar el mismo volumen de trabajo para el cual 1200 empleados son contratados por el APN. Cifras que parecían convincentes para los parlamentarios que desearían una “privatización a cara humana”.
“No podemos sacrificar a los empleados sobre al altar de la privatización”, replico el senador Rudy Hérivaux después de que el Senado de la República oyó la Comisión nacional de las agencias marítimas para modernizar el APN. “Vista la situación de precariedad que existe en el país, sería necesario encontrar de antemano una solución alternativa”, añadió el.
Claude Gilles
gonaibo73@yahoo.fr
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=46930&PubDate=2007-08-02
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