Julio de 2007 (AHP) - Varios diputados indicaron martes que la detención de miembros del sector empresarial privado por fraude fiscal da prueba de la voluntad de la administración Preval/Alexis de terminar con la corrupción en Haití.
Dos miembros de la familia Brandt, Fritz y David fueron detenidos el jueves por fraude. El diputado Clédor Jean Myril, miembro de la comisión anticorrupción considera que la lucha contra la corrupción es ahora real, ya que no parece hacer más discriminación.
Los fondos que procederán de esta lucha favorecerán seguramente el desarrollo de los municipios y secciones comunales, hizo saber Jean Myril que dice esperar otras detenciones en los próximos días.
El diputado Laurore Edouard por su parte consideró que Haití llegó a un cruce donde necesita divorciarse efectivamente del pasado.
A su modo de ver, la detención de miembros de la familia Brandt prueba que el tiempo ha cambiado. Quién antes, se atrevería a acusar miembros de esta familia de corrupción ver proceder a su detención, se preguntó, pidiendo las autoridades convencerse cada día un poco más que todos los ciudadanos son susceptibles de justicia en cualquier sector que pertenecieran.
Por su parte, los diputados Jean Izidor Mercier y Phélius Lubin, considerron que las prácticas de corrupción obstaculizan el desarrollo socioeconómico del país y expresaron el deseo que las instancias interesadas puedan asumir plenamente sus responsabilidades para poner la mano al cuello de todos aquellos se implicados en la corrupción, en el país.
Varios otros parlamentarios pidieron a las autoridades que examinaran el expediente de la exención de impuestos para un período de 3 años concedido a una parte del sector empresarial privado después de la salida precipitada del Presidente Aristide el 29 de febrero de 2004.
El régimen Latortue afirmaba así compensar a los miembros del sector privado que habían participado en movimiento GNB antiAristide y que habrían registrado pérdidas en los distintos disturbios que resultaban de este movimiento.
No obstante, numerosos policías y civiles habían sido asesinados en varias ciudades del país incluidos el Gonaïves, el Cabo-haitiano Hinche en el marco de las operaciones conducidas por antiguos militares y antiguos condenados para derribar el Gobierno Aristide.
Así mismo oficinas públicas, comisarías de policía y residencias privadas de cercanos al Gobierno Aristide fueron incendiados antes y después del 29 de febrero y las familias de estas víctimas no fueron indemnizadas por el régimen Latortue en el marco de las mismas operaciones de compensación.
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html
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