Puerto Príncipe, 3 may (PL) El presidente haitiano, Michel Martelly, defendió hoy su decisión de reinstaurar el Ejército, pese al motín de exmilitares que mantiene en vilo al país caribeño desde inicios de año. Tenemos necesidad de una fuerza de reserva que podrá tomar el control cuando la Policía Nacional se ausente, afirmó el mandatario, quien cuestionó así también una huelga de gendarmes ocurrida la pasada semana.
Tras el anuncio del mandatario de volver a formar las Fuerzas Armadas Nacionales (FADH), sus exintegrantes tomaron antiguas zonas militares, de las que se niegan a partir pese a las órdenes del Ejecutivo.
Los exsoldados ocuparon los terrenos en la periferia capitalina, principalmente en Delmas y Carrefour, y demandaron ser tenidos en cuenta para la reinstauración del Ejército, así como una indemnización por 15 millones de dólares para compensar las pérdidas tras su desaparición hace 18 años.
Este jueves, Martelly consideró la actitud de los antiguos efectivos en las zonas militares como un desorden y aseguró que espera resolverlo mediante la negociación y el diálogo.
El gobierno anunció a finales de abril que pagará la indemnización exigida y convocó a los exsoldados para presentarse para finalizar la primera o segunda parte del proceso de pagos.
No obstante, el jefe de los amotinados en Haití, Larose Aubin, rechazó la propuesta, aunque más de un centenar de exsoldados acudieron a cobrar la suma.
"Hemos decidido que no vamos a retroceder", dijo Aubin en una rueda de prensa.
El Ejército haitiano estuvo formado por unos ocho mil hombres y fue disuelto en 1994 por el exmandatario Jean Bertrand Aristide tras ser artífices de numerosas violaciones de los derechos humanos y golpes de Estado.
La Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), por su parte, aseguró en febrero pasado que los cascos azules estaban listos para intervenir y desarmar a esos grupos, si así lo solicitaba la policía nacional.
"No pediremos la intervención de la Minustah", aseguró el dignatario.
La Red Nacional de Derechos Humanos consideró que los exmilitares constituyen una amenaza grave y real para la seguridad de la nación caribeña.
El jefe de Estado emitió en febrero pasado una orden para obligar a la desmovilización de los exsoldados en la que les prohibía además vestir el uniforme militar y andar armados.
En noviembre anterior, Martelly ordenó la creación de una comisión civil que se encargaría de gestionar el restablecimiento del poder militar. El programa contempla la contratación de un primer contingente de tres mil 500 efectivos y una inversión a largo plazo de 95 millones de dólares.
Actualmente los trabajos de seguridad están a cargo de la Minustah y de la Policía Nacional de Haití.
lac/lio
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