Hoy, juicio contra nuestro país

Vinicio A. Castillo Semán viniciocastilloseman@gmail.com
En el día de hoy, en Washington, capital de los Estados Unidos, en la sede de la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, se celebrará una audiencia en contra de la República Dominicana, en ocasión de una queja formal interpuesta por un grupo de poderorísimas organizaciones, entre las cuales está el Centro Robert Kennedy, por alegada violación a derechos fundamentales de haitianos ilegales a los cuales supuestamente el Estado y la Junta Central Electoral han privado de la ciudadanía dominicana y con ello el derecho a tener una identidad que como todo ser humano les corresponde.
De lo que se trata es de una trama internacional muy bien orquestada, que busca doblegar al Estado dominicano y a sus instituciones para que acepten la absurda tesis de que los hijos de ilegales haitianos nacidos en nuestro territorio con la anterior Constitución son dominicanos y, lo que es más grave aún, que se consagre como una realidad jurídica que la falsedad y el dolo a la ley que rigen todo el procedimiento a las declaraciones de nacimientos tardías, son generadores de derechos de ciudadanía dominicana.
La acusación contra nuestro país, cuya cabeza visible es la ciudadana haitiana Solain Pié y que tiene visibles traidores en nuestro patio, pretende ignorar que la Suprema Corte de Justicia fijó jurisprudencia clara y precisa con la anterior Constitución, en el sentido de que los hijos de ilegales nacidos en nuestro territorio no adquirían la ciudadanía dominicana.
Lo que se pretende ahora es que un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Costa Rica, a donde sin duda llegará esta trama contra la República, dictamine lo contrario y se le otorgue ciudadanía dominicana a más de un millón de haitianos ilegales residentes en nuestro país, con lo que, en los hechos, la fusión con Haití sería una cosa de un par de décadas.
Se quiere plantear de forma mentirosa y alevosa, manipulando la realidad, que de no aceptarse la tesis de la acusación contra la República Dominicana, miles y miles de ciudadanos se quedarían sin el derecho fundamental de tener una identidad y una ciudadanía, convirtiéndose en apátridas o muertos civiles.
Se oculta deliberadamente que esos ciudadanos, que han obtenido la mayoría de ellos actas de nacimiento falsificadas con declaraciones falsas, son haitianos por el jus sanguinis establecido en la Constitución de Haití y como tal tienen pleno derecho a tener una identidad propia correcta, con los apellidos de sus padres y con todas las garantías de sus derechos fundamentales, como cualquier ciudadano de otra nacionalidad.
En efecto, la Convención Internacional que regula esta problemática, en pos de reducir los casos de apatridía fue adoptada el 30 de agosto de 1961 por una Conferencia de Plenipotenciarios que se reunió en 1959 y nuevamente en 1961, en cumplimiento de la Resolución 896 de la Asamblea General de 4 de Diciembre de 1954, entrada en vigor el 13 de diciembre de 1995, que establece en su Art.8 lo siguiente: “1. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida. 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, una persona podrá ser privada de la nacionalidad de un Estado contratante: b) cuando esa nacionalidad haya sido obtenida por declaración falsa o fraude.” En el caso contra la República Dominicana que se conoce hoy en Washington: a) no es cierto que hay peligro alguno de convertir a los ciudadanos haitianos ilegales en apátridas, puesto que como ya hemos dicho son ciudadanos de Haití, con pleno derecho a su identidad propia y si han nacido en nuestro territorio a ser inscritos en el Libro de Extranjería que dispone la Junta Central Electoral; y b) es reconocido en la Convención Internacional antes transcrita (que tiene rango constitucional entre nosotros), que el fraude, el dolo y la falsedad nunca podrán generar derechos y mucho menos de la categoría jurídica de ciudadanía, como ocurre con cientos de miles de casos de identidades falsas obtenidas a través del procedimiento de declaración tardía dispuesto por la Ley 659.
El pueblo dominicano, que está entretenido en la agitación del día a día de su vida cotidiana y de su disminuido y arrabalizado debate público, tiene que espabilarse y estar alerta, consciente del peligro inmenso que encierra la iniciativa que se conoce hoy en la sede de la OEA en Washington en contra de su país. Como un solo hombre, tiene que cerrar fi las respaldando a su gobierno, a su Junta Central Electoral, en una defensa viril, justa y jurídicamente inexpugnable.
El pueblo igualmente debe abrir los ojos e identificar a los traidores que desde aquí, como caballos de Troya y quintas columnas, buscan, apoyan y soportan que salgamos condenados internacionalmente como país, por haber supuestamente llevado a cabo un “genocidio civil” contra cientos de miles de haitianos.
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