Gobierno de Panamá niega legalización a los haitianos

Por Gilma Camargo 29 de abril 2011 11:41 AM EDT
El gobierno de Panamá le niega legalización a los haitianos que se encuentran en el país a pesar de que estaban ahí antes del terremoto del 2010. Los haitianos son víctimas de la corrupción del Servicio Nacional de Migración y de una política racista del gobierno que también restringe la entrada de africanos al país. La comunidad consiste aproximadamente de 600 ciudadanos quienes están en el país en calidad de estudiantes, comerciantes, profesionales, traductores en la zona libre y turistas.
Todos entraron al país legalmente y tienen un admirable comportamiento social. Muchos han formado sus familias, pero su residencia no le está garantizada debido a que solo reciben visas temporales y permisos de trabajo que deben renovar cada tres meses. Su inestabilidad afecta a sus familiares en ambos países ya que tampoco pueden viajar sin perder su residencia temporal. Pocos fueron los que entraron al país después del terremoto y otros tienen sus visas vencidas debido a la falta de ingresos. Los que recibieron visas humanitarias no pueden trabajar. Esto les impide aportar a la reconstrucción de su país.
Después del terremoto, los coordinadores de la comunidad haitiana, Julner Gilles y Joseph Moise, solicitaron al Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, que apresurara la aprobación de sus solicitudes de residencia y que se asistiera a los estudiantes universitarios quienes no son becados. No recibieron ninguna ayuda. Contrario a otros países la Universidad de Panamá no les brindó apoyo. Aún personas como el Licenciado Moise, quien se graduó en Panamá, esta casado con una panameña y tiene una hija, tiene dificultades en obtener su residencia.
El Presidente Ricardo Martinelli utilizó la tragedia haitiana para incursionar en los foros internacionales como el gran humanitario. Martinelli atendió la Cumbre de Río y solicitó a los gobiernos ahí reunidos que "se pusieran los pantalones largos "y exigió hacer "un verdadero compromiso" para ayudar al pueblo haitiano. ¿Pero qué hizo Martinelli?
Duckins Jaques, un estudiante universitario, se ofreció a acompañar a los rescatistas panameños a Haití con la esperanza de encontrar a su madre y a su hermana a quienes trajo a Panamá. Martinelli le prometió asistencia para legalizarse. Un año después la familia Jaques no tiene los documentos correspondientes para vivir legalmente ó trabajar en Panamá.
La directora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González quien se encuentra involucrada en un escándalo de venta de visas a ciudadanos chinos, fue cuestionada por la prensa internacional acerca de la demora para legalizar a los haitianos. Su inaudita respuesta fue los haitianos 'se aprovechan de esta coyuntura" del terremoto para reclamar sus visas. El costo de visas de turismo para los haitianos se incrementó a $750.00. Estos haitianos viven angustiados por sus familiares. El Proyecto de ley 139 en solidaridad con los haitianos presentado en abril del 2010 aún no pasa del primer debate en la siempre complaciente Asamblea Nacional de Panamá. Varias solicitudes de cortesía de Sala presentadas a la Comisión de Gobierno de la Asamblea para impulsar el proyecto de ley siguen siendo ignoradas.
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